La nueva normativa nace de una magnitud tal de la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en España tal que era urgente lidiar con dicha situación de hecho con la normativa anterior a la que cualquiera podía recurrir. Debido a la ausencia de tal normativa precisa la situación de los okupas, o intrusos mediante la ocupación de viviendas, era tal para ellos que podían llegar a permanecer un periodo de meses en la propiedad, ya que el procedimiento judicial partía de unas dilaciones inapropiadas donde no había una solución rápida a la vista. Dicha carencia de la norma provocó la reclamación social de un tipo de respuesta más contundente y rápida.

La ley antiokupa es en realidad una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue promovida principalmente por el PNV y su objetivo fundamental fue simplificar y hacer más rápidos los procedimientos judiciales para los casos de usurpación y del tipo allanamiento de morada, de tal manera que se pueda devolver a sus legítimos propietarios o dueños de las viviendas ocupadas en un plazo de horas.

Detalles de la enmienda del PNV para acelerar desalojos

La enmienda del PNV suprime del ámbito del juicio ordinario la tipificación de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de morada (los delitos tipificados en el artículo 202 y 245 del Código Penal), al incluirlos en el ámbito del juicio abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días. La medida se aprobó con algunas discrepancias porque partidos como ERC y Bildu emitieron votos a favor por error, con lo que eso supuso de críticas y, luego, de promesas de enmienda.

Cómo se llevará a cabo el desalojo en horas: nuevo procedimiento

La gran modificación operada en la ley se fundamenta en la disminución de la duración que lleva el desalojo de los okupas. Aunque es verdad que sigue siendo necesaria la celebración de un pleito, este tendrá lugar de un modo mucho más ágil y rápido. Se ha dado de lado la necesidad de determinar la vulnerabilidad del ocupante, lo que dilataba el proceso, y se amplía la satisfacción de la recuperación urgente de la propiedad por parte del propietario afectado.

El Ejecutivo ha considerado la urgencia de formar rápidamente a los funcionarios de los que dependerá la ejecución de los desalojos.

Las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, también tendrán un rol fundamental en el desarrollo de la nueva ley y serán responsable de la asistencia en el desalojo inmediato una vez haya recaído una sentencia, tanto del propietario como del okupa durante la ejecución del desalojo.

Recuperación de propiedades: expectativas y casos de éxito

( Abogados en Carabanchel     )  En virtud de la nueva normativa, existe una gran expectativa de que exista una recuperación bastante rápida de las propiedades afectadas. Ahora se piensa que los propietarios que se ven dañados por la ocupación ilegal podrán recuperar su vivienda de forma rápida, sin tener que llevar procedimientos judiciales largos. Ya algunas experiencias piloto han adelantado el desalojo exprés, lo que genera un cierto optimismo en el sector del inmobiliario y entre asociaciones de propietarios.

Desalojos de okupas con hijos

( Abogados en Carabanchel    )Uno de los puntos más discutidos de la nueva ley es qué ocurrirá con los casos que implican menores. Hasta la fecha, la existencia de menores en un hogar ocupado solía hacer más difícil el desalojo de los ocupantes. Pese a esto, con la reforma, a partir de ahora este tipo de casos podrán también tramitarse por el procedimiento expedito.

Protección de los derechos de los propietarios

( Abogados en Carabanchel     )  Lo que se persigue con esta nueva norma es, de forma fundamental, la defensa de aquellos propietarios que tienen el infortunio de ver sus viviendas ocupadas de manera ilegal. Con la reforma se refuerzan sus derechos, a la vez que se les da la opción de recuperar sus propiedades de forma rápida. La norma también busca una disuasión de aquellos que ocupan inmuebles sin título, mandando un mensaje claro en relación a la defensa de la propiedad privada en España.

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